Hace tiempo que estamos viendo en las calles de nuestros barrios como muchos de nuestros vecinos son sistemáticamente identificados por la policía nacional. Adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, se ven asediados sin posibilidad de escapar, protestar o reclamar ante nadie.
Por lo que
sabemos, de momento no es delito tener la piel de otro color, o que tus rasgos
físicos indiquen que tu o tus padres no nacisteis aquí. Ni falta que les
hace convertirlo en delito, porque de hecho, ya lo es.
No importa
cuantas veces nos digan que ya no hay cupos de detenciones a inmigrantes o que
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las ONU , o el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , o la propia UE (La
misma UE que nos exige más flexibilidad en trabajos que no tenemos o que nos
aumenten la edad de las jubilaciones a las que nunca accederemos) diga
que es ilegal someter a cacheo o identificación en base exclusiva a criterios
étnicos o raciales .
Es
inaceptable, inhumana y odiosa, la acción impune que desde el Gobierno y sus
cuerpos policiales se demuestra, no sólo hacia personas en situación
administrativa irregular, sino contra todas aquellas cuyo aspecto físico les
hace sospechar que pueden ser “ilegales”. Ningún ser humano lo es.
Las redadas
racistas crean una situación de inseguridad aberrante. Cada vez más personas
evitan salir a la calle, por temor a la arbitrariedad de una actuación
policial, o a ser recluidos en los modernos campos de concentración, que son
los CIE. Agujeros negros de lo que llaman democracia, donde los escasos
derechos de los que disfrutamos se quedan en la puerta y son la antesala de
deportaciones exprés.
El
sometimiento de nuestros vecinos y compañeras a sujetos de trabajo policial
contribuye únicamente a una campaña de imagen y criminalización del diferente,
del extranjero, que busca su marginación y reducción a simple mano de obra
barata y servicial.
Hemos
llegado a un punto en el que hasta se nos niega el derecho a la atención
sanitaria. Una vuelta de tuerca más que nos recuerda, que hay personas de
primera, de segunda y no-personas. Por todo ésto, que desde el movimiento barrial,
hemos tomado la determinación de decir ¡Ya basta!. Estamos en resistencia ante
las políticas migratorias que no son nada más que una parte de la infamia y la
miseria en que nos encontramos.
Ante el
proyecto de modificación del artículo 318 bis del código penal, que pretende
criminalizar la asistencia a personas en situación administrativa irregular nos
declaramos en insumisión. Consideramos ilegitima cualquier clasificación de
legalidad sobre los seres humanos y por ello, no pondremos límites a la
solidaridad ni al compañerismo entre nuestro iguales, los y las de abajo
